La declaración conjunta surge en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde las naciones participantes discutieron la urgencia de la crisis política y los desafíos que enfrenta la democracia en el país caribeño.
El comunicado resalta la participación del pueblo venezolano en las elecciones presidenciales a pesar de las «importantes dificultades» que enfrentaron. Sin embargo, a casi dos meses de esos comicios, los llamados a garantizar la transparencia en los resultados electorales continúan sin recibir respuesta, lo que ha generado inquietud en la comunidad internacional.
En particular, los países firmantes del comunicado expresaron preocupación por la negativa de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela a publicar los resultados detallados y verificables de los centros de votación, lo que consideran un elemento esencial para la transparencia del proceso.
Violaciones a los derechos humanos y represión política
El comunicado también pone de relieve la creciente represión contra la oposición política y la sociedad civil en Venezuela. En este sentido, se condena la violencia y el uso excesivo de la fuerza, y se hace un llamado a la «liberación inmediata» de los detenidos arbitrariamente, como es el caso del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien enfrenta una orden de arresto.
Los países firmantes enfatizan la necesidad de proteger los derechos de los venezolanos a expresar sus opiniones políticas de manera pacífica, y denuncian las represalias que han sufrido tanto opositores como activistas de la sociedad civil. Además, exigen que el gobierno venezolano permita el retorno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que pueda monitorear de cerca la situación y cumplir con su mandato.
La declaración también insta al gobierno venezolano a cumplir con sus compromisos bajo el Derecho Internacional, particularmente en relación con la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954. En este marco, se solicita que se otorgue el salvoconducto a seis solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en la residencia oficial de la República Argentina en Venezuela, permitiéndoles abandonar el país de manera segura.
Finalmente, el comunicado hace un llamado a los líderes políticos venezolanos para que inicien un diálogo constructivo e inclusivo que permita resolver el estancamiento político y restaurar las instituciones democráticas de conformidad con la legislación venezolana y la voluntad popular expresada en las urnas. Los firmantes subrayan su apoyo a los millones de venezolanos que continúan luchando por un futuro más democrático y próspero, comprometiéndose a mantenerse junto a ellos en este desafío.
La declaración conjunta fue respaldada por los gobiernos de Uruguay, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suecia y Ucrania.
