Esta medida se desprende del fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que ordenó al Estado uruguayo pagar 56,5 millones de dólares en el marco del litigio por la quiebra de Pluna.
Esta semana, LARAH concretó el embargo de cuentas bancarias y otros activos de Uruguay en Luxemburgo, país donde se cotizan los bonos internacionales emitidos por el gobierno. La decisión ha generado preocupación en los mercados financieros, mientras la empresa panameña persiste en sus acciones legales para garantizar el cumplimiento del laudo. Según el fallo, los intereses sobre la deuda han acumulado aproximadamente 500.000 dólares mensuales, aumentando la carga financiera para Uruguay.
El fallo del CIADI y sus implicancias
El CIADI dictaminó en febrero que el Estado uruguayo es responsable por la quiebra de Pluna, declarando que el gobierno de José Mujica violó el convenio de Protección Recíproca de Inversiones entre Uruguay y Panamá. LARAH, accionista de Pluna, argumentó que la expropiación de la aerolínea se realizó sin compensación adecuada, lo que vulneró sus derechos. Inicialmente, la empresa reclamaba 800 millones de dólares, pero el fallo final redujo significativamente esa cifra.
El estudio Foley Hoag, que defendió a Uruguay en este y otros arbitrajes internacionales, logró limitar el monto a pagar. Sin embargo, el fallo concluyó que la administración Mujica incurrió en un trato “injusto, no equitativo y expropiatorio” al asfixiar financieramente a Pluna, en un intento de evitar responsabilidades por litigios relacionados con la quiebra de la aerolínea brasileña Varig, antigua gestora de Pluna entre 1995 y 2000.
El embargo de activos complica aún más la situación financiera de Uruguay, mientras las tensiones legales continúan escalando. Por su parte, LARAH ha dejado en claro que no detendrá sus esfuerzos hasta que se salde completamente la deuda establecida por el arbitraje.
